¿ELIMINAR EL IGV A LOS PRODUCTOS BÁSICOS?

La alta inflación en la canasta básica, ha empujado al gobierno de Pedro Castillo ha pensar en varias alternativas para devolver varios productos de la canasta básica a las manos de la población más pobre. Finalmente la única que va a poner en marcha es la eliminación del IGV. Pero todo indica que esta medida no va a dar los resultados deseados.

Consideremos primero el impacto de la reducción o eliminación del IGV sobre cualquier producto, en términos del IGV que pagan las empresas. 

El cuadro de abajo muestra, a la izquierda, la situación inicial cuando el impuesto aplica al que vende y a lo que compra para vender. Y el del  centro, es el caso cuando el impuesto aplica a lo que se compra pero no a lo que se vende.

En el primer caso, al comprar se paga un IGV de 540 y al vender se cobra un IGV de 900. ¿Cuánto tiene que pagar la empresa a la SUNAT? 900-540=360. Los 540 soles del IGV que ha pagado cuando compra es CRÉDITO FISCAL.

En el segundo caso no se paga IGV al comprar y tampoco al vender y el pago a la SUNAT es cero. En el cuadro de la derecha, el tercer caso, se paga 540 de IGV cuando se compra y no se paga cuando se vende. En este caso la empresa termina pagando a la SUNAT 540 cuando antes, gracias al crédito fiscal pagaba 360 soles. 

A las empresas no les conviene la eliminación del IGV salvo que se aplique tanto a las compras como a las ventas, o se aplique a las compras pero se mantenga el crédito fiscal. Este problema ha sido tan evidente que el MEF está elaborando una lista de los insumos de los productos básicos que pueden emplearse como crédito fiscal. La idea, bastante obvia, es que el crédito fiscal se emplee en el caso que las compras se orienten a los insumos principales del producto que luego se va a vender.

Si se aplica el crédito fiscal a la compra, en el ejemplo del cuadro de arriba los 540 soles del IGV, y no se paga el IGV en la venta, a la empresa se le retornan los 540 soles y SUNAT no recibe nada. 

Pero la eliminación del crédito fiscal no es el único problema de esta norma y ni siquiera el más importante. El objetivo de la norma es la reducción del precio de los productos de la canasta básica. Ya los productos no incluyen el faisán, ni la gallina de guinea, etc. Se trata solo de cinco productos: pollo, huevos, azúcar, fideos y pan, y la exoneración va solo hasta julio. ¿Por qué?

Considerando el crédito fiscal, el costo para el Estado es enorme. Mantener la exoneración el resto del año generaría un forado enorme que afectaría el funcionamiento del gobierno. Ahora la norma aprobada aplica desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio. 

Si de un lado el precio se reduce porque no se paga el impuesto, de otro lado el no pago del impuesto reduce los ingresos tributarios que son los que financian el gasto social, que es el gasto orientado precisamente para la población más pobre, que es la que no podía enfrentar el incremento de los precios. Es decir, se mejora la situación de la población objetivo empeorando la situación de la población objetivo. Esperemos que el saldo final sea positivo para la población de menores recursos.

¿La eliminación del IGV es la mejor alternativa a este problema? Pareciera como que la aplicación del IGV fuera la causa del problema y, en consecuencia, su eliminación, la solución. No es así. El orígen del problema es externo.

El problema no es el IGV el problema es la elevación del precio de los productos que forman parte de la canasta básica familiar y que afecta a la población de menores recursos. La elevación de estos precios afecta mucho menos a la población de mayores recursos. Si el problema afecta a un grupo poblacional específico la solución debería de orientarse a este grupo.

Pero no es así. Por ejemplo, quienes compran el pan de las panaderías de Wong y Plaza Vea, están acostumbrados a pagar 50 centavos por el pan más barato. Eso es dos por un sol. Al otro lado las panaderías populares vendían el pan a 5 por un sol. Que el pan popular suba hasta 40 centavos la unidad no afecta en nada a los clientes de Wong y Plaza Vea que nunca compran el pan popular. Si el gobierno decide rebajar el precio del pan popular mediante la eliminación del IGV, beneficia a todos, a los que no podían pagar un precio alto y a los que siempre pagaron un precio alto.

Esto es más obvio en el caso de productos más homogéneos como el azúcar. Así, el gobierno "de izquierda" decide reducir los ingresos del Estado y, en consecuencia reducir los presupuestos de gasto social para los más pobres, mientras subsidia a quienes cuentan con los recursos suficientes para comprar pan, huevos, fideos, pollo y azúcar. 

Cuando se tuvieron que tomar medidas drásticas para enfrentar la pandemia, los bonos ayudaron mucho y ayudaron a quienes más sufrieron durante los meses del encierro. Fue una política que se focalizó en los que más lo necesitaban. La reducción de impuestos no cumple ese rol. Ayuda al que más tiene y al que menos tiene y todo a costa de los ingresos tributarios. ¿Por qué orientar ingresos del Estado a quienes no lo necesitan?

Y al revés, ¿por qué en lugar de eliminar los impuestos no se aumenta, por ejemplo, el impuesto a la renta, el impuesto a la riqueza?. ¿Por qué en lugar de reducir los ingresos del Estado no se aumentan?

  

¿PREGRADO O POSGRADO? EL DILEMA EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS FRENTE A LAS CBC

La UTP tiene 44 programas de bachillerato, la UNI 29. La UTP tiene 8 programas de Maestría, la UNI 46. La UTP no tiene programas de segunda especialidad, la UNI 13. La UTP no tiene programas de doctorado, la UNI tiene 14.

El 85% de todos los programas de la UTP son de antegrado mientras que el 28% del total de programas de la UNI son de antegrado. La UTP ha orientado su estrategia al antegrado, la UNI al posgrado.

Los programas de la UTP, de antegrado y de posgrado, son financiados por los estudiantes de la UTP. Los programas de antegrado de la UNI son financiados con recursos ordinarios del Gobierno Central (RO) y los programas del posgrado son financiados por los estudiantes (generando recursos directamente recaudados, RDR). 

Los RO que financian el antegrado en la UNI son los que permiten que la educación universitaria del antegrado, sea gratuita. Pero los estudios del postgrado, segunda especialidad, los diplomados y los cursos libres no son gratuitos. 

La UTP es una Universidad privada societaria, es decir, una universidad con fines de lucro que ha orientado su actividad al antegrado. La Universidad estima que la inversión en antegrado es rentable.

La UNI, destina 29 programas al antegrado y 73 a la segunda especialización , maestría y doctorado. 29 programas reciben RO, 73 programas de postgrado además de diplomados y cursos libres generan RDR. ¿La orientación al posgrado es una orientación con fines de lucro? No. Sin embargo estos recursos llegaron a representar el 11.4% del total del presupuesto de las universidades públicas el año 2020 y considerando solo las universidades públicas de Lima y Callao esta cifra creció al 28.3%. En el caso de las universidades de la costa, sin Lima y Callao, la cifra es 15.3%, es 14.6% en la sierra y 12.4% en la selva.

Pero el caso de la orientación de los programas académicos al posgrado no es una característica propia de la UNI. San Marcos , por ejemplo, cuenta con 320 programas licenciados. El 21% corresponden al antegrado, el 79% de los programas son del posgrado. La UNALM tiene el 25% de sus programas en el antegrado; 75% son del postgrado. La UNAC el 23% antegrado; 77% posgrado, la Federico Villareal el 26% antegrado, 74% posgrado. Un caso muy singular es el de La Cantuta que tiene el 65% de sus programas en el antegrado y solo el 35% posgrado.

Fuera de Lima, en Arequipa, la UNSA tiene el 25% de sus programas en el antegrado; 75% en el posgrado. En el Cusco, la UNSAAC el 40% en antegrado y el 60% en posgrado; en La Libertad, la UNT tiene el 19% en antegrado y el 81% en posgrado, y en Puno, la UNAP  tiene el 27% en antegrado y 73% en posgrado.

Queda claro que la orientación de las más importantes universidades públicas es hacia el posgrado, un producto que se vende, antes que al antegrado, un producto gratuito. (Los datos presentados aquí provienen del último informe de la SUNEDU que pueden obtener aquí  y del portal de la SUNEDU TUNI)

Pero no se trata de servicios educativos alternativos, porque los programas de posgrado tienen como requisito los programas del antegrado. En la universidad el posgrado tendría que ser el segundo piso. Y el segundo piso es imposible sin el primer piso. Pero la oferta de programas de postgrado no se orienta principalmente a los egresados del antegrado de la misma universidad. El "cliente" principal no está en la "casa", está en la "casa" y en todas las otras "casas". Así, el posgrado en términos prácticos es una unidad académica independiente generadora de RDR.

La gratuidad del antegrado genera un alto nivel de demanda que a su vez demanda mayores recursos. Estos recursos han venido creciendo año tras año. En el gráfico que sigue se aprecia el fuerte crecimiento del gasto público en las universidades y en el siguiente, la evolución del presupuesto por estudiante.

El presupuesto para las universidades ha crecido a una tasa de 8.16% anual, muy por encima de la inflación anual del período que inicia el 2010 y termina el 2020. Expresado en términos del presupuesto por estudiante de antegrado, éste ha crecido a una tasa del 5.071% en el período del 2017 al 2020, también por encima de la inflación. En consecuencia, se aprecia que a medida que se incrementa la demanda se incrementa también el presupuesto público.

Pero el presupuesto de las universidades no solo considera los RO, también considera los RDR.

Pero ¿cuál ha sido el comportamiento del presupuesto (el ingreso) de las universidades privadas?  Veamos el grafico que sigue.

El año 2018 sus ingresos fueron de 6918.1 millones de soles, 2.13 veces el presupuesto de las universidades públicas el mismo año. En Lima el ingreso fue de 4585.2 millones de soles, un 40% mayor que el presupuesto de todas las universidades públicas el mismo año.

La conclusión es simple. Las universidades privadas, si bien están reguladas, venden sus servicios en el mercado. Las universidades públicas no, hasta que empezaron a vender sus servicios en el mercado generando ingresos que representan el 28.3% de su presupuesto en Lima y Callao y el 11.4% en todo el país (¡¡!). Las universidades públicas se están privatizando.

¿Qué es lo que se puede vender y qué es lo que no se puede vender? Esta parece ser la pregunta que se hacen los gestores universitarios. El antegrado no se puede vender. Todo lo demás siempre es posible. 

Por ejemplo, competir deslealmente con las academias. El procedimiento es sencillo. Los que no pueden pagar la academia de la universidad tienen el examen regular, los que pueden pagar la academia de la universidad tienen un examen diferente y acceso a vacantes propias, en la mayoría de los casos, el 30%. La universidad prepara a los postulantes, les reserva vacantes y ella misma les administra los exámenes para distribuir esas vacantes. En las universidades, públicas o privadas, por cada ingresante  hay 2 postulantes en promedio. Pero en las universidades públicas hay 6. 

Luego vienen los cursos cortos, los diplomados y los programas de postgrado.

No queremos sostener que no se deban desarrollar actividades generadoras de RDR. Pero si la atención a estas actividades tiene el costo de reducir la atención a las actividades en el antegrado, el costo real sería muy elevado.

Para la SUNEDU el logro del licenciamiento está marcado por el cumplimiento de la condiciones básicas de calidad, las CBC. Las CBC se aplican a los programas de las universidades y miden 9 dimensiones: gestión, pertinencia de la oferta, infraestructura y equipamiento, líneas de investigación, personal docente, servicios educacionales básicos, mediación e inserción laboral y transparencia.

Como consecuencia del incumplimiento de las CBC tres universidades públicas no lograron el licenciamiento. Dos de ellas incumplieron 7 de las 8 CBC y la tercera incumplió 6 de las 8 CBC. Posteriormente una de estas universidades logró obtener el licenciamiento. Pero no fueron estas tres universidades públicas las únicas que incumplieron las CBC.

Para lograr el licenciamiento las universidades, públicas y privadas, tuvieron que desistir de programas académicos que no cumplían con las CBC. Un total de 3243 programas fueron eliminados. En el caso de las universidades públicas, se eliminaron 2359 programas. En el caso de las universidades privadas se eliminaron 884 programas. Por cada programa eliminado de una universidad privada, se eliminaron 2.67 programas de una universidad pública. 

Si se tiene en cuenta que la matrícula en el antegrado el año 2020 en las universidades privadas fue de 880,500 y en las universidades públicas 464,000, se puede entender que el problema con las CBC afecta más a las universidades públicas que a las privadas. En las universidades públicas el problema de la calidad de la educación es un problema que debe tener la prioridad tanto del gobierno, con recursos, como de la universidad, orientando sus esfuerzos al antegrado antes que al posgrado.