¿VOX POPULI, VOX DEI?

La llamada toma de Lima fue un fracaso. La PNP esperaba la llegada de 2 mil personas de las regiones para las protestas(1) . Hasta Hildebrandt, uno de los más conspicuos simpatizantes de las protestas, lo reconoció compungido: “Hubo más policías que manifestantes y el resultado fue el previsible”(2) . No hubo muertos que lamentar, sólo daños materiales. El régimen se sintió fortalecido al punto que ante una denuncia de la Rectora de la UNMSM contra una ocupación indebida del campus de esa universidad, la PNP incursionó violentamente en el campus universitario y capturó a alrededor de 200 personas que 24 horas después fueron liberadas.

El 19 de enero a eso de las 9 de la noche la presidenta Boluarte declaró en un mensaje a la Nación que todo estaba controlado. Sin embargo, los hechos de los días siguientes no le dan la razón. En efecto, a nivel nacional muchas carreteras todavía se mantienen tomadas (3) ; en Ica se están incendiando y/o amenazando con incendiar fundos agrícolas y los dirigentes de las manifestaciones buscan obligar a los trabajadores a plegarse a las protestas (4) . En Puno se quemaron la comisaría de Ilave, una sede de la fiscalía, varias agencias financieras, en Arequipa atacaron a la comisaría de la Joya, etc. (5)

Las banderas de lucha no son, como podía esperarse, reivindicaciones económicas. No se está pidiendo mejoras salariales o de precios a sus productos, no se están reclamando mejores condiciones de trabajo, no se están exigiendo la construcción de hospitales, carreteras o colegios, etc. Los reclamos son: Renuncia de Boluarte, cierre del Congreso de la República, para lo cual se exige elecciones en este año y la convocatoria a una Asamblea constituyente. 

La economía nacional se está resintiendo. Hay sectores como el turístico que genera cerca al 4% del producto nacional que están prácticamente paralizados, los precios de productos alimentarios y del gas están aumentando de manera excesiva debido a las tomas de las carreteras en lugares como Puerto Maldonado y Cusco. La presidenta Boluarte, en su conferencia de prensa ante medios extranjeros del 24 de enero, señaló que las pérdidas del PBI ascendían a 2 mil millones de soles (6)  y las destrucciones de infraestructura sumaban unos 3 mil millones de soles.

En la misma ocasión la presidenta Boluarte indica que llegaron unas 9 mil personas en modernos vehículos a Puno para la asonada de la toma del aeropuerto que se saldó con 17 muertos civiles y un policía, cobarde y cruelmente, carbonizado. Hay que tomar en cuenta de que dicha ciudad no llega a 150 mil habitantes. Proporcionalmente es como si a Lima para la pretendida toma de Lima del 19 de enero hubieran llegado 600 mil personas y no solamente 2 mil. 

Hay hasta la fecha 46 muertos civiles producto del enfrentamiento y la mayoría de ellos por heridas de bala lo cual pone como principales sospechosos a las fuerzas policiales y militares; 9 muertos civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos de carreteras y un policía (7) . Todo ello arroja un total de 56 fallecidos. Se han quemado comisarías, sedes del Ministerio Público y del Poder Judicial, casas de congresistas en Puno y Puerto Maldonado, etc.

¿Debe renunciar Boluarte?

La presidenta Dina Boluarte fue elegida en la plancha presidencial del ex presidente Castillo, presumiblemente completando la cuota de femenina obligatoria por ley. Era no sólo militante del partido ganador de las elecciones presidenciales, Perú Libre, sino también persona de toda confianza del fundador y líder de ese partido, Vladimir Cerrón, quien no pudo postular a la presidencia por tener una sentencia judicial. Ella se encargó de recolectar los fondos necesarios para pagar la reparación civil impuesta a Cerrón como parte de la pena que le fue dictada. Perú Libre es un partido de raigambre marxista. La campaña presidencial liderada por Castillo tuvo como uno de sus ejes principales la convocatoria a una Asamblea Constituyente. 

Boluarte estuvo como miembro del gobierno de izquierda de Castillo en tanto Ministra de Estado desde el 28 de julio del 2021 hasta el 25 de noviembre del 2022 cuando renunció a su cargo de ministra con ocasión de la pretendida interpretación forzada de la denegación de confianza que intentó el gabinete presidido por Aníbal Torres. Es decir fue ministra del presidente Castillo al cual ahora acusa de corrupción, prácticamente durante todo su gobierno. Pero al igual que muchos otros ex ministros de Castillo parece que se percató de la corrupción, que ahora denuncia ante la prensa extranjera, recién al dejar el gabinete. Antes de ello, Boluarte siempre defendió a capa y espada al régimen de las acusaciones que se le hacían. En ese sentido, es evidente que las denuncias que hace ahora son mas una muestra de oportunismo político que una sincera lucha contra la corrupción.

Cuando la vacancia de Castillo parecía cobrar cada vez más fuerza, Boluarte declaró que ella se iría con el presidente. Como no ha cumplido con su palabra los manifestantes la consideran una traidora. Haciendo una comparación con Vizcarra en su actuación como vicepresidente de PPK, está prácticamente demostrado que Vizcarra complotó contra el presidente PPK y en ese sentido se le podría tildar de traidor. Pero en el caso de Boluarte no aparecen con tanta fuerza evidencias de su participación en algún complot contra Castillo, salvo la votación en el congreso a favor suya de un intento de inhabilitarla por su participación como presidenta del Club Departamental Apurímac siendo al mismo tiempo Vice presidenta de la República. Castillo cometió un atentado contra la Constitución, mal podría exigirse a la Vice presidenta, que por una equivocado sentido de lealtad, lo hubiese debido acompañar en dicho acto de lesa constitución.

Su ascenso a la presidencia obedece a lo previsto por la constitución en caso de vacancia presidencial. Mal puede ser acusada de golpista, pues el golpe lo intentó el ex presidente Castillo no ella. Una parte del discurso de los manifestantes consiste en calificarla no solo de traidora sino también de golpista o en todo caso cómplice del supuesto golpismo del Congreso como machaconamente lo repite un sector de la izquierda congresal que, dicho sea de paso, votó a favor de la vacancia de Castillo (8), pero que ahora parece querer ocultar esa votación.

Si renunciara la presidenta, la sucedería el actual presidente del Congreso, el general Williams y asumiría la presidencia del Congreso, su actual vice presidenta, la congresista fujimorista Moyano. Lo cual no siendo del agrado de la izquierda violentista explica que los manifestantes añadan a la exigencia de la renuncia de la presidenta, la elección de una nueva mesa directiva del Congreso. 

El respeto de la Constitución política es indispensable para conducirnos como un país viable. El presidente y su vice presidenta, así como los congresistas, fueron elegidos por 5 años en un proceso electoral duramente cuestionado por la derecha pero que al final quedó oleado y sacramentado. El presidente Castillo mostró corrupción, ineptitud e incurrió en un golpe de Estado fallido. Su sucesora ha asumido el poder de manera constitucional. Debiera cumplIrse con la Constitución y terminar su mandato en el plazo de ley. Lo mismo pasa con el Congreso. Eso es lo que manda la constitución política.

¿Debe cerrarse el Congreso?

El congreso tiene un índice de aprobación paupérrimo, lo cual parece ser una constante por lo menos en las últimas dos décadas. Los congresistas ganan sueldos excesivos para la realidad económica nacional, tienen una serie de gollerías y cada uno se transforma en una especie de microempresa que genera puestos de trabajo para sus allegados que son pagados por todos los ciudadanos. Además dan la impresión de que ganan sus jugosos emolumentos sin mayor esfuerzo en medio de escándalos de todo tipo desde violación sexual hasta venta de votos pasando por acoso sexual. En ese contexto no es de extrañar que el congreso peruano sea uno de los más impopulares en Latinoamérica, lo cual no significa que los congresos latinoamericanos no sean muy impopulares también. No llama la atención que los congresistas que han sido elegidos por el voto popular rápidamente pierdan la legitimidad ante el pueblo que los eligió. Es este congreso deslegitimado que tiene en sus manos la llave para abrir la posibilidad de un adelanto de elecciones. 

La presidenta ha reiterado que no va a renunciar, igualmente ha ratificado su demanda al congreso para un adelanto de elecciones, lo cual implica una modificación constitucional que necesita de dos legislaturas ordinarias con votación calificada o, en su defecto, de la ratificación de una primera decisión del Congreso mediante un referéndum. El congreso luego de un intento fallido, presionado por la opinión pública logró una mayoría calificada para un adelanto de elecciones a abril del 2024. Falta la ratificación de dicha decisión en una segunda legislatura que se estaría convocando para el 15 de febrero. Sin embargo, el congreso acaba de rechazar una propuesta de adelanto de elecciones para este año. La izquierda que en las calles exige violentamente el adelanto de elecciones para el 2023, cuando está en el congreso vota en contra. Con este rechazo el tema de adelanto de elecciones regresa a fojas cero.

Pero las protestas no piden solamente eso. Exigen el cierre inmediato del congreso, lo cual no podría hacerse sin una infracción a la constitución.

¿Deben adelantarse las elecciones?

El pasillo estrecho de Acemoglu y Robinson (9) por el cual debe transcurrir una nación en su ruta al desarrollo está asediado por un lado por el Leviatán despótico (el poder insaciable queriendo cada vez más poder) y por el otro lado por el desborde popular que puede estar explicado por las costumbre, religión, creencias, ideología, etc., de la sociedad. Son las instituciones y las leyes las que mantienen a raya a uno y a otro y que permiten que la nación transite por el pasillo estrecho que la conducirá a una mejora continua de su bienestar. La única manera para limitar al Leviatán es imponiéndole reglas y la única manera para no caer en el caos del desborde popular es llegar a un contrato social que no pueda romperse.

En el 2021 se eligieron autoridades por 5 años. Esa es la regla. No debiera romperse. Hacerlo significa salirse del pasillo estrecho. No va a ser fácil regresar a ese pasillo. En realidad salimos del pasillo estrecho el 30 de setiembre del 2019 cuando el presidente Vizcarra disolvió arbitrariamente al congreso y nos alejamos del pasillo estrecho aún más cuando el Tribunal Constitucional convalidó la absurda denegación fáctica que sirvió de justificación para el cierre del congreso. Sin embargo, el cierre del congreso fue muy popular tal como en su momento también lo fue el cierre del congreso que ejecutó el presidente Fujimori en 1992.

Ahora nuevamente se cede a la algarada tumultuosa y violenta, y se acepta el adelanto de elecciones. Pero la revuelta quiere más. No quiere que se adelanten las elecciones para abril del 2024 sino que la quieren para este año 2023, lo cual complica mucho las cosas pues habría que hacer varias modificaciones legales como por ejemplo modificar la ley electoral en el sentido de suprimir las inútiles pero legales primarias. O, peor aún, modificar la constitución para iniciar el mandato presidencial no el 28 de julio del año de las elecciones sino en otra fecha y la de modificar la duración del mandato presidencial que tendría que ser de 4 años y medio o de 5 años y medio para regresar el unas próximas elecciones a la transmisión de mando en la fecha constitucional del 28 de julio.

¿Se debe convocar a una Asamblea Constituyente?

El fin de una Asamblea Constituyente es redactar una nueva constitución en reemplazo de una anterior. Es un nuevo pacto social que se considera necesario pues el anterior habría devenido obsoleto o habría sido impuesto de manera forzada. Los asambleístas constituyentes son elegidos con dicho cometido. No es el pueblo el que redacta la nueva constitución sino sus representantes: los constituyentes.. Es decir la Asamblea Constituyente es un instrumento del sitema democrático representativo.

La Asamblea Constituyente es exigida por los manifestantes como una expresión de una democracia más perfecta que la representativa, la democracia participativa. El pueblo, el soberano, ordena que se convoque a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, de manera imperceptible se sale de la democracia participativa para caer en la democracia representativa pues como se ha indicado la Asamblea Constituyente está compuesta no por el pueblo sino por sus representantes. ¿Por qué los asambleístas constituyentes tendrían mayor legitimidad que los congresistas constituidos? ¿qué los haría más confiables? 

La constitución prevé su modificación parcial o total. De hecho ha habido modificaciones a lo largo de los años, y en estos momentos deben realizarse algunas modificaciones constitucionales para hacer posible el adelanto de elecciones. Si lo que se quisiera sinceramente es cambiar la constitución no es necesaria una Asamblea Constituyente, a menos que lo que se quiera en realidad es generar un proceso de acumulación de fuerzas para tomar el poder a como de lugar sin importar el verdadero bienestar de las mayorías nacionales.

El cambio de constitución a través de una Asamblea Constituyente es percibida por parte de un sector de la población, la más entusiastamente partidaria de la Asamblea Constituyente, como una suerte de solución mágica a todos los males que aquejan al país o en todo caso, para los mejor informados partidarios de la Asamblea Constituyente, como la condición indispensable para reorientar la economía nacional hacia un desarrollo más equitativo. Pero esto es una visión ideológica en el mejor de los caso y politiquera en el peor. En efecto, ¿cuán razonable es cambiar algo que está produciendo buenos resultados? ¿No es acaso un buen resultado que la economía crezca sostenidamente, no es bueno que la pobreza disminuya fuertemente y que la desigualdad sea cada vez menor?

Si vemos la realidad y no nos dejamos obnubilar por nuestras ideología, constataremos que el PBI por habitante expresado en soles del 2007, según el BCRP, fue de 6,889 soles en 1960, de 6,876 en 1990 y de 16,688 en el 2021. Es decir, el PBI por cabeza se estancó en el periodo 1960-90, teniendo un crecimiento promedio anual ligeramente negativo. Mientras que entre 1990 y el 2021, el producto por habitante se multiplicó por 2.4, lo cual significa un crecimiento promedio anual de 2.9%. Como lo indica el ex ministro de Economía, Waldo Mendoza (10) , citando una investigación sobre el PBI por cabeza, existe una relación muy estrecha entre crecimiento de este indicador y el bienestar. No existe bienestar sin crecimiento del PBI per cápita, y todo crecimiento del PBI per cápita redunda en una mejora del bienestar. Los datos del producto por habitante muestran de manera indiscutible una mejora sustancial en los últimos 30 años.

En lo que se refiere a la pobreza monetaria, el Instituto de investigaciones Cuánto calculaba que en 1985 el 37.9% de los peruanos estaban en pobreza y que ese porcentaje subió al 57.4% en 1991. El especialista en temas de pobreza, Francisco Verdera, en su libro ¨La pobreza en el Perú¨, calculaba para los años 1971 y 1972 una tasa de pobreza de 64% de la población nacional. Para el 2001, el INEI indicó que los pobres en el Perú representaban el 54.8% de la población nacional. En el 2021 la pobreza fue del orden del 25.9 % de la población peruana; pero antes de la pandemia, en el 2019, la población peruana sumida en la pobreza era el 20.2% de la población total según cifras del INEI. Este indicador también muestra una mejora en las últimas décadas.

Entre el 2004 y el 2021, señala Richard Webb (11) , ex presidente del Banco Central de Reserva, que el ingreso promedio de las familias de la Sierra se incrementó en una tasa promedio anual de 3.2% mientras que el de las familias limeñas creció en solamente 0.1% por año. Agrega Richard Webb que en la Sierra el 91% de los hogares poseen un celular y el 93% de esos hogares tienen acceso a la electricidad. Las desigualdades han ido disminuyendo en los últimos años, lo cual constituye un progreso. ¿Por qué cambiar algo que está funcionando de manera aceptable?

No es necesaria una Asamblea Constituyente para cambiar la constitución pues ese cambio puede hacerse mediante los congresistas constituidos que legalmente tienen atribuciones constituyentes. Por otro lado los resultados económicos muestran que no parece necesaria cambiarla. Lo cual no quiere decir que no se puedan introducir mejoras.

Violencia represiva contra violencia revolucionaria

La represión ha sido violenta, los 46 manifestantes fallecidos lo atestiguan. La violencia revolucionaria lo ha sido también, el policía carbonizado vivo lo demuestra.

Hay una vanguardia revolucionaria o revoltosa que está actuando de manera coordinada en la toma de aeropuertos, de carreteras, incendio de comisarías, de sedes de la fiscalía y del poder judicial. Esta vanguardia impulsa a pobladores que de buena fe quieren protestar para impulsar cambios que creen ellos les permitirán acceder a una mejor calidad de vida y que además creen sinceramente que Boluarte ha traicionado a Castillo, que sienten que Castillo era uno de ellos tanto desde el punto de vista racial como desde el punto de vista de su extracción de clase y que su encarcelamiento es injusto, y que piensan que todos sus males serán aliviados por una nueva constitución.

La vanguardia revolucionaria o revoltosa es violenta y su violencia está contaminando y deslegitimando las protestas que tienen su razón de ser en un hartazgo de una parte de la población menos favorecida del país. Los partidos de izquierda democrática se han puesto al servicio de esa vanguardia revolucionaria. Diversos líderes de opinión como algunos periodistas y artistas le dan su beneplácito. Todos ellos apoyan totalmente las banderas de lucha de esa vanguardia violentista. No le borran ni una coma a esos pedidos. En el plano internacional, presidentes como López Obrador de México (12) , Gustavo Petro de Colombia, Gabriel Boric de Chile, Xiomara Castro de Honduras y Luis Arce (13)  de Bolivia han apoyado más o menos abiertamente las violentas protestas  y han criticado acremente al gobierno del Perú por el saldo elevado de víctimas de los enfrentamientos. Es evidente la existencia de una campaña internacional de apoyo a estas manifestaciones violentas por parte de gobiernos latinoamericanos de izquierda. Es cierto que Joe Biden de los Estados Unidos y miembros del parlamento de la Unión Europea también se han manifestado pero lo han hecho solamente como una expresión de preocupación por el número elevado de fallecidos más no han tomado posición a favor de los violentistas como si es el caso de los presidentes latinoamericanos ya mencionados.

La primera guerra mundial marcó una ruptura en los partidos marxistas en Europa. La segunda internacional se parte entre partidos socialistas que apoyan la guerra y aquellos que consideran que la guerra era un conflicto de burguesías nacionales y que el proletariado no tenía porque apoyar. Era la ruptura entre revolucionarios y reformistas. Entre Lenin, Trotsky, Stalin, Luxemburgo, Liebnecht del lado de la revolución y Bernstein y Kautsky del lado de la reforma. El marxismo se escinde en comunismo y socialdemocracia. Nacía la socialdemocracia. En 1959 en el pueblo de Bad Godesberg, el partido socialdemócrata alemán suprime simbólicamente el marxismo de su basamento ideológico y asume a la economía social de mercado como su norte. En Europa es clara la diferencia desde hace un siglo dentro de la izquierda entre los reformistas y los revolucionarios.

En el Perú ese no es el caso. La izquierda no revolucionaria se siente sobrepasada por la izquierda violentista o revolucionaria. Nunca fue claro su deslinde con la violencia terrorista de Sendero Luminoso y del MRTA en los 80 y en los 90 (14). Se ha sentido acomplejada frente a estos movimientos que mostrando consecuencia entre las palabras y los actos, llevaron a los hechos el discurso de la necesidad de hacer la revolución. En los acontecimientos actuales esta izquierda no revolucionaria vuelve a asumir esa actitud y resulta funcional a esa violencia revoltosa.

En suma, nos alejamos del pasillo estrecho si aceptamos como sociedad que un sector político decidido imponga por medio de la violencia su voluntad a todo el país, independientemente de si tiene la razón o no. Es decir que no siempre es cierto que vox populi es vox Dei.

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1  Gestión del 19 de enero del 2023.

2. Hildebrandt, César. Matices. Hildebrandt en sus trece. 20 de enero del 2023

3. Al 23 de enero se mantienen 74 carreteras tomadas según La República del 24 de enero

4. Fundos como Agrovictoria, Frayle y Natalia. Andina 23 de enero

5. Gestión 24 de enero

6. El MEF precisa 2,150 millones de soles

7. Gestión del 24 de enero

8. Votaron por la vcancia 6 congresistas de Perú Libre, 3 del Bloque magisterial,, 1 de Perú democrático, 3 de cambio democrático,2 de Perú bicentenario, 6 de Identidad y desarrollo

9. Acemoglu y Robinson. El pasillo estrecho. Ariel, 2019

10. Mendoza Waldo, Carta abierta a los ¨constituyente lovers¨. Artículo publicado en Gestión el 3 de enero del 2223

11. Webb, Richard. Camino a la nivelación. Artículo publicado en el Comercio del 3 de julio del 2022

12. Méjico ha concedido asilo político a la esposa e hijos del ex presidente Castillo

13. El hombre fuerte del régimen boliviano, Evo Morales, es sospechoso de azuzar estas manifestaciones y el gobierno peruano ha prohibido su entrada al país

14. La portada de La República advirtiendo de la existencia del túnel en la embajada japonesa tomada por el MRTA

NO ESTÁ EN AGENDA, NO SE DEBATE, NO SE VOTA, PERO SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ¡¡¡

La toma de San Marcos y la incapacidad policial militar de tomar la UNI el mismo día, marcaron los acontecimientos más extremos de la crisis política en la semana pasada. Con más de 40 muertos al 18 de enero, la toma de San Marcos termina de confirmar la necesidad urgente que Dina Boluarte renuncie y se adelanten las elecciones ya.

Pero ambos acontecimientos, la toma de San Marcos y no poder tomar la UNI, repercutieron de manera diferente y opuesta sobre la autoridad más alta de cada universidad. La rectora de San Marcos es repudiada como responsable directa de la toma, que lo es, y el rector de la UNI parece haberse convertido en el héroe de la jornada, que no lo es. En lo primero no hay ninguna duda, y para lo segundo, hay información suficiente que apunta más bien a un aprovechamiento político de los acontecimientos.

La toma de San Marcos por parte de la FUSM se realizó el 17 de enero, con el objetivo de hospedar a los manifestantes que estaban llegando a la capital para participar en la denominada Toma de Lima, del 19 y 20 de enero. La toma de San Marcos, con el empleo de una tanqueta y cientos de policías fue el sábado 21 de enero. El mismo 21 de enero, en la tarde, camiones de la marina y de la policía se estacionaron frente al pabellón central con la clara intención de ingresar a la UNI. El argumento político era el mismo: la UNI había hospedado estudiantes, principalmente de la UNSAAC, que llegaron para participar en la Toma de Lima.

Pero la ACUNI, a diferencia de la FUSM, no había tomado la Universidad, aunque sí había recibido a los estudiantes que llegaron de las regiones. El Consejo Universitario de la UNI no aprobó recibir a los estudiantes, porque los estudiantes ya estaban en la UNI. Sostener que se aprobó el ingreso de los estudiantes es falso. Y también es falso que el Consejo Universitario se reunió para tomar esa decisión.

El Consejo Universitario estaba citado para el jueves 18 de enero a las 11 am en sesión ordinaria. Hospedar a los estudiantes nunca fue un punto de agenda de esa sesión, porque se convocó antes.

En la sección pedidos, la ACUNI solicita que el tema se incorpore. Sustenta el pedido (minuto 6:21 de la sesión) informando que habían recibido 41 personas entre estudiantes y sus padres. El pedido se incorpora a la agenda y se trata al final de la sesión. La sesión terminó luego de 1h 56m; el pedido de la ACUNI se trató a la hora y 49m y se "aprobó" a la hora 52m. Se tomaron apenas tres minutos para "aprobar" el pedido de la ACUNI (ver el video de la sesión aquí).

El mismo 18 de enero se publica la RR 048-2023-UNI. En sus considerandos dice: "Estando a lo aprobado por unanimidad por el Consejo Universitario"...resuelve: "Artículo 1.- Aceptar el pedido estudiantil y acoger dentro del campus de la UNI a integrantes de representaciones de otras universidades". Aquí la RR 048.

¿Qué significa aprobado por unanimidad? Que cada uno de los integrantes del Consejo Universitario votó a favor del pedido estudiantil. Pero resulta que nadie votó por el pedido estudiantil. Luego de la sustentación del pedido el rector dice: "si no hay observaciones se dará por aprobado", y unos segundos después dice, "se da por aprobado"¡¡!!

No es la primera vez que esto ocurre. Lo denunciamos en marzo del 2022, aquí en este blog. La Ley de Procedimiento Administrativo General (LPAG) establece, con suma claridad, en el art. 111, que "los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes al tiempo de la votación en la sesión respectiva". Y el art. 112.1 dice que el voto es obligatorio: "(los integrantes de órganos colegiados asistentes a la sesión)...deben afirmar su posición sobre la propuesta en debate, estando prohibido inhibirse de votar" (las negritas son nuestras).

Pero aquí, en esta sesión del Consejo Universitario de la UNI no se votó, en consecuencia no se aprobó, pero la RR sostiene que el acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

La Vicerrectora Académica denunció esto. En su carta al Rector, del mismo 18 de enero y en relación al acuerdo del Consejo Universitario, le manifiesta su "TOTAL DESACUERDO" (las mayúsculas y negritas son de la carta). ¿Por qué? "por no haber sido punto de agenda", "por no haber habido ningún tipo de debate, ni votación alguna". A continuación la carta.

Todo acuerdo que es el resultado de la ausencia del debate y de la ausencia de la votación es un acuerdo nulo. El argumento a favor de este tipo de acuerdos es que permite "avanzar en la agenda". 

Es decir, si un punto se debate y se vota, entonces la agenda no termina de tratarse en esa sesión. Es "mejor" preguntar si alguien observa la propuesta de acuerdo sobre un punto de la agenda. En ese caso habría votación y... no se lograría agotar la agenda. No agotar la agenda es un pretexto. Administrar una agenda de un cuerpo colegiado implica el debate y la votación. El debate y la votación no se pueden ver como un costo en tiempo que impide que las agendas se cumplan. Se tienen que ver como el beneficio que el colegiado logra para que la Universidad ejecute positivamente sus acuerdos.

El voto es un derecho de los miembros del cuerpo colegiado. Puede alguien no debatir pero votar a favor o en contra de un acuerdo. Es su derecho. El llamado a presentar observaciones puede reprimir el debate. Lo que se hace es dar inicio al debate. Si hay o no hay debate, se procede a la votación.

Aquí no hubo debate y no hubo votación, pero el acuerdo fue "aprobado por unanimidad". 

El mérito de esta decisión, de acoger a los estudiantes, es de la ACUNI. Lamentable que la ADUNI prefirió guardar silencio. 

¿Qué ocurrió después del acuerdo? El rectorado decidió promover la paralización de actividades el jueves y viernes en la UNI. El mismo jueves se publicó La Gaceta #5 donde se invita a los decanos a que las actividades de las facultades sean virtuales para "proteger la seguridad y la salud de la comunidad UNI". Así, de un lado se decide recibir a los estudiantes para la marcha del jueves y viernes, pero se invoca a suspender las actividades de la UNI el jueves y viernes (¡!)

Con una Universidad sin estudiantes, docentes y trabajadores, el apoyo a los estudiantes de las regiones fue burocrático. 

Sin embargo, luego de la toma de San Marcos y la amenaza de toma de la UNI, el sábado 21 de enero, la UNI ha recibido el respaldo total de la comunidad universitaria y de todos los sectores que luchan por la renuncia de Dina Boluarte y por el adelanto de las elecciones. Pero como hemos intentado demostrar aquí, la iniciativa y el mérito es de la ACUNI. No hubo debate, no hubo votación y se promovió el ausentismo en la universidad en los días de la denominada Toma de Lima.

LA UNI Y LA COYUNTURA POLÍTICA: ENCANTANDO SERPIENTES

 

Escribe Ulises Humala Tasso

En un comunicado publicado en la página web del diario La República este 6 de enero último, la UNI emite su opinión sobre la coyuntura política actual. En momentos tan difíciles como los que está atravesando el país, con una crisis de gobernabilidad que ya tiene seis años, que puede resumirse en la siguiente frase: ¨un presidente por año¨, se hace necesario que la parte pensante del cuerpo social, en la cual se encuentra evidentemente la universidad en general y la UNI en particular, haga oir su voz rectora para orientar a todas las fuerzas sociales, a gobernantes y gobernados, hacia una solución inteligente y realista, sin importar si ésta es popular o impopular. La academia universitaria debe ponerse por encima de las pasiones de grupos políticos, debe saber distinguir el interés general de los intereses particulares, debe hacer un análisis científico de la realidad nacional y hacer propuestas bien razonadas y realistas, debe ser integradora y no facciosa. Como individuos cada uno de los miembros de la comunidad universitaria tenemos nuestras propias orientaciones políticas y nuestros intereses particulares, pero una vez que buscamos expresarnos como académicos es nuestro deber ético el sacudirnos de todo ello y proceder con la misma rigurosidad con que se proyecta un puente, un circuito eléctrico, el diseño de una turbina o la elaboración de un proyecto de inversión. Con tanta mayor razón cuando nos arrogamos la representación de la comunidad universitaria en su totalidad.

En el preámbulo de su comunicado el Consejo Universitario critica acremente que a lo largo de la historia nacional la clase dirigente y/o dominante no haya sido capaz de construir una nación y deja entrever que los problemas del país siguen siendo en esencia los mismos a lo largo de nuestros 200 años republicanos: un Perú costeño, limeño incluso, sojuzgando a un Perú profundo. Un Perú minoritario dominando a un Perú mayoritario, un Perú blanco o criollo avasallando a un Perú cobrizo.

Vendría bien ver algunas cifras como las que los periodistas de RPP le solicitaban al Rector en una entrevista reciente cuando presentaba las ideas que luego se materializarían en el comunicado que estamos comentando. El PBI por habitante expresado en soles del 2007, según el BCRP, fue de 6,889 soles en 1960, de 6,876 en 1990 y de 16,688 en el 2021. Hace un siglo, en 1922 ese PBI per cápita era 2,778 soles. El PBI por persona se multiplicó por 6 en los últimos 100 años, lo que significó una tasa de crecimiento promedio anual de 1.82%. Por otro lado, como se desprende de los datos presentados, en el periodo 1960-90 el PBI por cabeza se estancó, con un crecimiento promedio anual ligeramente negativo. Mientras que entre 1990 y el 2021, el producto por habitante se multiplicó por 2.4, lo cual significa un crecimiento promedio anual de 2.9%. Como lo indica el ex ministro de Economía, Waldo Mendoza(1) , citando una investigación sobre el PBI por cabeza, existe una relación muy estrecha entre crecimiento de este indicador y el bienestar. No existe bienestar sin crecimiento del PBI per cápita, y todo crecimiento del PBI per cápita redunda en una mejora del bienestar. Es pues evidente que estamos mejorando.

En lo que se refiere a la pobreza monetaria, el Instituto de investigaciones Cuánto calculaba que en 1985 el 37.9% de los peruanos estaban en pobreza y que ese porcentaje subió al 57.4% en 1991. El especialista en temas de pobreza, Francisco Verdera, en su libro ¨La pobreza en el Perú¨, calculaba para los años 1971 y 1972 una tasa de pobreza de 64% de la población nacional. Para el 2001, el INEI indicó que los pobres en el Perú representaban el 54.8% de la población nacional. En el 2021 la pobreza fue del orden del 25.9 % de la población peruana pero antes de la pandemia, en el 2019, la población peruana sumida en la pobreza era el 20.2% de la población total según cifras del INEI. Este indicador también muestra una mejora.

Entre el 2004 y el 2021, señala Richard Webb (2) , ex presidente del Banco Central de Reserva, que el ingreso promedio de las familias de la Sierra se incrementó en una tasa promedio anual de 3.2% mientras que el de las familias limeñas creció en solamente 0.1% por año. Agrega Richard Webb que en la Sierra el 91% de los hogares poseen un celular y el 93% de esos hogares tienen acceso a la electricidad. Las desigualdades han ido disminuyendo en los últimos años, lo cual constituye un progreso.

Todos estos datos debieran permitir matizar el cuadro terrible de la realidad nacional que parece haberse congelado en el cerebro de muchos a partir de una visión de la realidad peruana muy precisa ciertamente pero pintada en los años 20 o 30 del siglo pasado.

Terminan su introducción estableciendo una peregrina relación de causa-efecto entre partidos políticos y sociedades democráticas, para presentar, tal un Deus ex machina, a un sistema tripartito de partidos políticos (con la condición de un militante un voto) como la solución al problema nacional. Este planteamiento es tan absurdo que su mismo proponente, nuestro Rector, que se autoproclama de centro izquierda no tendría partido político en el cual inscribir su militancia.

Luego hacen una serie de planteamientos como una convocatoria a elecciones generales para el año en curso, la consulta al pueblo sobre su voluntad de una Asamblea Constituyente y como último planteamiento señalan las capacidades tecnológicas de la UNI, lo que en rigor no es un planteamiento sino un señalamiento.

Cifras señores!, cómo hacemos para realizar elecciones generales que según ustedes podemos convocar para este año y al mismo tiempo respetar nuestra normativa que establece que el Presidente de la República debe asumir el 28 de julio el año en el que ganó las elecciones?, cómo hacemos para acelerar las elecciones y al mismo tiempo instaurar la condición sine qua non de la democracia establecida por ustedes de un militante un voto, que no es otra cosa que las elecciones primarias ya consagradas en la ley electoral, con el consiguiente agrandamiento del plazo electoral? Con estos planteamientos no parecemos ingenieros sino poetas, no tenemos en la mano una escuadra sino un ramo de flores.

Por último, se plantea que se debe consultar al pueblo el tema de la Asamblea Constituyente. Ustedes acaban de indicar que la base de una verdadera democracia es la existencia de partidos democráticos (un militante, un voto), lo cual los sitúa en el espacio de una democracia representativa que a diferencia de una democracia plebiscitaria le pone límites a las consultas populares. Por ejemplo no se puede someter a referéndum la desaparición de los impuestos. Y es casi seguro que en estos momentos si se consulta al pueblo puneño si quiere hacer secesión del resto del Perú, el sí ganaría. Tanto en la constitución de 1979 como en la de 1993 se prevé que las modificaciones a la constitución deben pasar por el Congreso de la República, lo que es lógico en una democracia representativa. Es decir este congreso como el que se elegirá en las próximas elecciones podría modificar la constitución. Es decir, los congresos son al mismo tiempo un poder constituido y un poder constituyente.

En lugar de ponerse a la cola de una consigna política, los firmantes del comunicado debieron haber indicado qué puntos de la actual constitución debieran ser cambiados y cuáles serían los nuevos artículos a introducir en la constitución, además de explicar las razones por las cuales se propone dichos cambios. Creyendo estar haciendo docencia en realidad están haciendo política partidaria, en lugar de colocar a la universidad por encima del griterío la están haciendo gritar como una facción política más. Pero, más grave aún, sin ninguna originalidad.

Por último, estas protestas han tenido como trágica consecuencia la muerte de 28 compatriotas (3) y de varias centenas de heridos. No hemos visto en el comunicado de nuestras autoridades ni una palabra de condolencia ni tampoco un reproche al gobierno actual por el uso desproporcionado de las armas.

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(1) Mendoza Waldo. Carta abierta a los "constituyente lovers". Gestión 3 septiembre 2022 

(2) Webb, Richard. Camino a la nivelación. El Comercio 3 julio 2022

(3) Esa era la cifra de fallecidos al 9 de enero, fecha en la cual fue escrito este artículo. Hoy 20 de enero los peruanos debemos lamentar el fallecimiento de 53 compatriotas.

! LA UNI PROHÍBE Y NO PROHÍBE EL MONOPOLIO ¡

La primera noticia oficial de la UNI del 2023, fue publicada el 4 de enero pasado: se declaró la gratuidad de varios servicios: alquiler del teatro, maestro de ceremonias y fotos y videos para las ceremonias de graduación. La noticia en FB recibió recibió poco menos de 30 comentarios, todos positivos. Así que las promociones que se gradúen, a partir de ahora no tienen que pagar alquiler del teatro, maestro de ceremonias, fotógrafo y camarógrafo. Todo gratis. ¿Todo gratis? ¿Por qué?

    

El segundo párrafo del comunicado pretende explicar por qué estos servicios se van a brindar gratuitamente a partir del 4 de enero. Dice, textualmente: "el rector rechaza cualquier tipo de monopolio". Se puede concluir, entonces, que los servicios que ahora son gratuitos, antes tenían la condición de servicios brindados por un monopolio. ¿En serio? Los servicios que ahora son gratuitos eran brindados por un monopolio?

Si la UNI, representada por su rector, rechaza cualquier tipo de monopolio, entonces ¿el rechazo se logra vendiendo a precio cero? ¿En serio?. 

Si surge un monopolio ¿es necesario rechazarlo?. Nuestra Constitución no lo hace. El art. 61 señala con suficiente claridad que "El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas". Combate el abuso de posiciones dominantes, combate el abuso del monopolio. No rechaza al monopolio. Rechaza al monopolio si abusa de posiciones dominantes, posiciones que limitan la libre competencia.

Pero en la UNI, al parecer, los servicios del teatro están en manos de un monopolio. ¿En serio?. Es posible que se hayan presentado quejas por los precios de estos servicios de parte de los graduandos. Es posible también que los graduandos han comparado los precios del mercado y han encontrado que el precio de la UNI es un precio abusivo. Y la solución que le han dado al problema es rebajar el precio, no al precio de la competencia, sino a un precio cero. Curiosamente esto no rechaza al monopolio sino, al contrario, lo fortalece. ¿Quién puede competir con la UNI a un precio más bajo de cero?

De los cuatro servicios que se ofrecen para una ceremonia de graduación, solo uno tiene las características de un monopolio. Los servicios de un Maestro de Ceremonias, de fotografías y videos son servicios muy competitivos. El alquiler del teatro de la UNI solo tiene un oferente, la UNI y eso cumple con la principal característica de un mercado monopólico: la presencia de un solo oferente en el mercado.

Si la UNI además de alquilar el Teatro condiciona el alquiler a la contratación del resto de los servicios, entonces está abusando de una posición de dominio sobre el mercado, y eso está prohibido. El comunicado no precisa esto, pero vamos a asumirlo. ¿Cómo se resuelve el problema de una posición dominante que limita la competencia. Abrir la competencia. Y en el caso del alquiler del Teatro fijar el precio al nivel del costo. Problema resuelto.

Pero se ha preferido fijar el precio cero. Sin embargo hay más. El alquiler del Teatro a los graduados es un asunto bastante pequeño. Los ingresos que se recaudan deben ser muy pequeños comparados con el presupuesto de la UNI. El comunicado de La Gaceta es más, mucho más importante, en su segundo y último párrafo. Dice que el Rector rechaza cualquier tipo de monopolio y que invita a denunciar cualquier situación de este tipo. En breve: si hay otro monopolio, me avisan.

Reto aceptado¡¡¡ Una de las más importantes fuentes de ingresos de la UNI son los Recursos Directamente Recaudados (RDR). Los RDR en el año que acaba de terminar ascendieron a la cifra de 87,918,232 soles (1). De esa cifra 15,458,670 corresponden a los ingresos recaudados por el CEPREUNI, el 18% del total.

El CEPREUNI es la academia preuniversitaria de la UNI que no compite con el resto de academias que preparan a los postulantes para ingresar a la UNI. ¿Por qué? Porque ninguna de las academias cuenta con vacantes de ingreso. El CEPREUNI cuenta con el 30% de las vacantes. Antes de la existencia del CEPREUNI los postulantes contaban con el 100% de las vacantes, ahora tienen menos posibilidades para ingresar a la UNI. El número de vacantes totales para el CEPREUNI aumenta hasta el 50% del total si se consideran los ingresantes que, al no ocupar vacante en el CEPREUNI logran una vacante mediante el Examen General. Las vacantes de la UNI están discriminadas. Unas son para el CEPREUNI y el resto para los que rinden el Examen de Admisión. 

La única academia con vacantes propias es el CEPREUNI. ¿No es esta una condición suficiente para caracterizarla como  un monopolio?

Pero hay más, los Exámenes de Admisión del CEPREUNI son administrados por la Oficina Central de Admisión de la UNI. ¿Alguna academia preuniversitaria puede contar con el servicio de la Oficina Central de Admisión? 

Curiosamente, el mismo 4 de enero que se publica La Gaceta que comentamos aquí, también se publica un aviso del CEPREUNI a los Padres de Familia informándoles que es la Oficina Central de Admisión la que administra el Examen para el CEPREUNI del 8 de enero.

A confesión de parte, relevo de pruebas. ¿El CEPREUNI violenta el art. 61 de la Constitución? ¿Para resolver este problema el CEPREUNI será gratis y competirá con las otras academias por el 100% de las vacantes?

(1) No incluimos los Saldos de Balance por 50,767,480 porque corresponden al año 2021.

LA UNI Y LA VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

¿Cómo terminó la ejecución presupuestal 2022 en la UNI? El Presupuesto Modificado se incrementó en 30% en relación al Presupuesto de Apertura. El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue de 232,830,304 soles y se incrementó a 303,052,904 en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Un incremento de poco más de 70 millones de soles. 

Considerando los devengados (los gastos aprobados y comprometidos), la ejecución final del presupuesto fue del 89.6%. Se dejaron de ejecutar 31,637,546 soles.

Pero el presupuesto de la UNI incluye también al INICTEL. Sin el INICTEL el presupuesto, el PIM, se reduce a 284,262,998 soles. El devengado correspondiente es de 254,524,766 soles, lo que representa una ejecución del 89.5%. Una menor ejecución de 29,738,232  soles.

El destino principal del presupuesto es la formación universitaria en el antegrado. Aquí se destinan 143,683,274 soles, el 51% del PIM. El 85.5% es financiado mediante recursos ordinarios (R0) y la diferencia, el 14.5%, con recursos directamente recaudados (RDR). 

¿Pero a cuánto ascienden los RDR? A 88,235,228 soles en el PIM. Pero en términos de recaudación efectiva por parte de la UNI, la cifra es mucho mayor: 141,253,057. La recaudación fue mayor en 53 millones a la estimada por el PIM ¡¡¡

¿La UNI logró más RDR de los estimado inicialmente? El 36% de la recaudación no corresponde al 2022, corresponde al 2021, corresponde a la gestión anterior; este monto se conoce como saldos de balance. La parte más importante de los RDR recaudados el 2022 es la venta de bienes, servicios y derechos administrativos que realiza la universidad.

Los bienes que la UNI vendió representan poco menos del 2% de los ingresos obtenidos por la venta de bienes, servicios y derechos. Por concepto de derechos y tasas administrativas se recaudó el 16% del total. La diferencia, el 82%, corresponde a la venta de servicios. 

Y el 85% de los ingresos por venta de servicios se obtienen por la venta de servicios de educación, recreación y cultura. La diferencia, 15%, corresponde a la venta de servicios de salud, alquileres y otros servicios.

Los servicios de recreación y cultura representan el 0.01% del total de la venta de servicios. Los servicios de educación representan el 99.9%.

¿Qué servicios educativos vende la UNI? En el siguiente cuadro se aprecia los ingresos recaudados por la UNI el año 2022 por la venta de servicios educativos. El más importante son los servicios académicos, seguido por las pensiones de enseñanza y en tercer lugar el centro preuniversitario. En total suman 58,282,288 soles, el 95% del total.

Estos servicios educativos van desde la academia de preparación al ingreso a la propia universidad, pasando por los programas de posgrado y los de extensión universitaria. Solo el 15% de estos recursos va a cubrir los gastos del antegrado. 

La población estudiantil en el antegrado, correspondiente al semestre 2022-1 fue de 10995 estudiantes.La facultad con menos estudiantes es la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, con 222, y la que tiene más es la Facultad de Ingeniería Mecánica con 1533 estudiantes. Las facultades con más de 1000 estudiantes son Mecánica, Civiles, Industrial y Sistemas, Eléctrica y Electrónica y Ciencias. Estas cinco facultades suman 6841 estudiantes, el 62% del total. Las facultades con menos de 1000 estudiantes son Arquitectura, Ambiental, Económica y Estadística, Geológica Minera y Metalúrgica, Petróleo y Química.

La población del antegrado se ha mantenido relativamente estable, entre 11000 a 12000 estudiantes en los cinco últimos años. El gráfico que sigue muestra ese comportamiento. 

En el caso de la población del posgrado, lamentablemente no se cuenta con información actualizada. Entre el 2014-1 y el 2017-2, información publicada por ORCE, la población del posgrado se encuentra entre 1000 y 1300 estudiantes. Es de esperar que la población se ha incrementado debido a las modificaciones solicitadas y aprobadas por la SUNEDU, que han incrementado, significativamente, el número de programas de posgrado. De acuerdo con estas solicitudes, entre noviembre del 2017 y abril del 2022, los programas de antegrado pasaron de 28 a 29, mientras los de posgrado lo hicieron de 47 a 61. El gráfico que sigue muestra ese comportamiento.

Del total de las RDR del 2022 las pensiones de enseñanza recaudaron 18,758,609 soles. El CEPREUNI recaudó 15,458,670 soles. Y la venta de servicios académicos recaudaron 24,065,009 soles. Estas tres fuentes suman 58,282,288 soles.

CEPREUNI es la academia de la UNI que monopoliza, al menos, el 30% de las vacantes. Pensiones de enseñanza y servicios académicos, cubren los servicios de posgrado y de los programas de extensión. No se cuenta con información oficial de la población del posgrado desde el año 2018. Y tampoco de la población de los programas de extensión universitaria.

Mientras las universidades privadas venden programas de antegrado, de posgrado y programas de extensión, las públicas no pueden vender programas de antegrado, y se han concentrado en el posgrado y la extensión universitaria para generar recursos.

Aquí nos hemos limitado a evidenciar la importancia económica de esas ventas.  Si esas ventas afectan el funcionamiento eficiente del antegrado, entonces se están generando estímulos perversos. El fuerte crecimiento de los programas de postgrado frente al casi nulo crecimiento del antegrado, podría estar enviando señales de alerta.

¿La UNI debe concentrar sus energías en estas ventas o debe orientarlas a extender y fortalecer el antegrado?

Waldo Mendoza: Carta abierta a los "constituyente lovers"

 

UNI 2023-1: EL RETORNO A LA VIEJA PRESENCIALIDAD

El 28 de noviembre del 2017 la UNI recibió el licenciamiento de la SUNEDU por diez años, hasta el 2027. La modalidad autorizada por la licencia es la presencial. Sin embargo, por razones excepcionales (la pandemia del COVID19) los semestres 2020 I y II, 2021 I y II y 2022 I fueron virtuales o, como en este blog preferimos denominar, de presencialidad virtualizada. 

Pero la licencia obtenida ha sido modificada en más de una oportunidad: en agosto del 2018, en octubre del 2019, en mayo del 2021 y en abril del 2022. En ninguna de ellas se modificó la licencia institucional para modalidades de enseñanza no presenciales. ¿Por qué?

La licencia institucional de la UNI, del 2017, la autorizó para un total de 88 programas, 28 de antegrado, 47 de posgrado y 13 de segunda especialidad. El 68% de los programas no son de antegrado.Solo el 32% de los programas son de antegrado, la tercera parte del total. Y el 100% de los programas licenciados son para la modalidad presencial. ¿Por qué?

La primera modificación de la licencia institucional, obtenida en agosto del 2018, autorizó a la UNI cuatro nuevos programas de posgrado. Las maestrías en ciencias con mención en ingeniería financiera, en gestión cuantitativa del riesgo financiero, en econometría bancaria y financiera, y en ciencias actuariales. Así, el número de programas de posgrado sube a 51 y el porcentaje de programas de antegrado baja del 32% al 30.4%.

La modificación de la licencia institucional, obtenida en octubre del 2019, autorizó a la UNI cinco nuevos programas de posgrado: doctorado en ciencias e ingeniería ambientales con mención en desarrollo sostenible, otro con mención en abastecimiento de agua y saneamiento, otro con mención en seguridad industrial y salud en el trabajo, un doctorado en gobierno y políticas públicas y una maestría en ciencias en ingeniería textil con mención en gestión de empresas textiles. Así, el número de programas de posgrado sube a 56. El porcentaje de programas de antegrado baja al 28.8%.

La modificación de la licencia obtenida en mayo del 2021 autorizó a la UNI cuatro nuevos programas de posgrado: doctorado en ciencias en arquitectura, doctorado en ciencias e ingeniería civil, doctorado en ciencias e ingeniería económica y doctorado en ciencias e ingeniería estadística, todos en modalidad presencial. Así, el número de programas de posgrado sube a 60. El porcentaje de programas de antegrado baja al 27.7%.

La modificación de la licencia obtenida en abril del 2022 autorizó a la UNI un nuevo programa de antegrado: ingeniería en ciberseguridad. Así, el número de programas de antegrado sube a 29, un porcentaje igual al 28.4%.

Todos los nuevos programas han sido autorizados bajo la modalidad presencial. ¿Por qué?

En el período que va de noviembre del 2017 hasta abril del 2022, los programas de antegrado pasaron de 28 a 29; los programas de posgrado, de 47 a 61 y los programas de segunda especialización se mantuvieron en 13. El total de programas autorizados el 2017 fue de 88 y en abril del 2022 fue de 103. El crecimiento del total de programas en ese período fue del 17%. El crecimiento de los programas de segunda especialidad fue del 0% y el crecimiento de los programas del antegrado fue del 4%. 

El interés ha sido el posgrado.

De otro lado, la modalidad de enseñanza solicitada y autorizada sigue siendo la misma: presencial. Ninguna modificación de licencia, antes del COVID19 y durante el COVID19, fue dirigida para la modalidad no presencial, semipresencial o híbrida o virtual. A pesar que dos de las solicitudes fueron tramitadas durante la pandemia. A pesar que la UNI venía empleando la modalidad a distancia desde junio del 2020, las solicitudes de modificación no consideraron esta modalidad y se mantuvieron en la modalidad presencial.

Es claro que a la UNI no le interesan las modalidades no presenciales. ¿Por qué?

El semestre 2022-II se viene desarrollando de forma presencial, en el antegrado, porque la SUNEDU resolvió el retorno a la presencialidad debido al relativo control de la pandemia durante la cuarta ola. La RR 1886 del 16 de septiembre establece que todos los cursos del semestre 2022-2 "se realizarán de manera presencial". Esto fue aprobado el 16 de septiembre y las clases empezaron el 19 de septiembre.

El título de la RR 1886 es "DIRECTIVA PARA LA ENSEÑANZA PRESENCIAL DEL PREGRADO PERÍODO ACADÉMICO 2022-II". ¿Y el posgrado?

Solo el antegrado retornó a la presencialidad, los programas de segunda especialidad, maestrías y doctorados, continuaron con la modalidad no presencial. ¿Por qué?

El retorno a la presencialidad fue autorizado para todas las universidades en agosto pasado mediante la RVM 094-2022. Esta resolución se dirige a las universidades y las escuelas de posgrado. Se trata del retorno a la presencialidad en el antegrado y en el posgrado. Pero no es un retorno al 100%. El art. 3 señala que "pueden retornar a la presencialidad de forma gradual y progresiva". Pero la UNI decidió que el retorno fuera al 100% y solo para el antegrado. ¿Por qué?

El retorno obligatorio a la presencialidad, en realidad a la modalidad de enseñanza licenciada, es en el primer semestre del 2023. Durante el semestre 2022-II la SUNEDU está encargada de supervisar el retorno a la presencialidad en todas las universidades. En el video que sigue la SUNEDU explica las acciones de supervisión que viene realizando en las universidades:

Queda claro entonces que la UNI retornó al 100% de presencialidad en el antegrado, cuando pudo hacerlo de manera gradual y progresiva, y al 0% en el posgrado. Y que la UNI tiene que retornar, obligatoriamente, a la presencialidad, el primer semestre del 2023, en el antegrado y en el posgrado cuyas modalidades autorizadas son presenciales.

Las universidades privadas tuvieron un comportamiento diferente al de la UNI durante la pandemia. Mientras la UNI realizó y obtuvo cuatro modificaciones de su licencia institucional sin cambiar el modelo de enseñanza, algunas universidades privadas solicitaron y obtuvieron modificaciones de su licencia pasando de la modalidad presencial a la modalidad no presencial. 

La pandemia del COVID 19 que obligó a pasar extraordinariamente a una modalidad virtual a todas las universidades, generó incentivos diferentes para las universidades públicas frente a las universidades privadas.

En el caso de las universidades privadas, en el período de la pandemia, solicitaron la modificación de su licencia institucional la Universidad de Ciencia y Tecnología, la Universidad Autónoma del Perú, la Universidad San Ignacio de Loyola, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Tecnológica del Perú, la Universidad Católica de Santa María, la Universidad ESAN, y la Universidad Privada del Norte.

La SUNEDU autorizó el cambio de licencia institucional para un total de 106 programas de estas universidades. 23 de estos programas, ya existían y solo se modificó la modalidad de enseñanza. 10 de ellos pasaron a la modalidad virtual y 13 a la semipresencial. Un total de 83 nuevos programas fueron autorizados. De este total 44 fueron a la modalidad semipresencial, 36 a la modalidad virtual y 3 a la modalidad presencial. 

Del total de 106 programas modificados solo el 3% tiene autorización para la modalidad presencial. El 97% restante son programas que se desarrollan en la modalidad virtual o semipresencial. 

Así, mientras la UNI y la gran mayoría, sino la totalidad de universidades públicas, han retornado o están retornando a la presencialidad desde el segundo semestre del 2022, un grupo de universidades privadas, frente al incentivo de la experiencia ganada con una virtualidad obligada, han respondido creando y/o modificando sus programas en modalidades virtuales o semipresenciales. ¿Por qué? 

Porque encuentran que la modalidad presencial puede ir de la mano con la modalidad virtual y que esta última les permite atender la demanda de la población con trabajo o que quiere trabajar. Algunas universidades privadas, como la Ricardo Palma, ya habían avanzado en este objetivo con sus programas de profesionalización concentrados en una presencialidad de fines de semana y actividades académicas no presenciales en la semana.

En el caso de la UNI, y por extensión, del resto de las universidades públicas, la virtualidad no parece haber dado buenos resultados. El retorno a la presencialidad al 100% en la UNI, cuando la norma establecía un retorno gradual y progresivo, parece demostrarlo. ¿Por qué no continuar la virtualidad en los cursos donde su implementación había sido positiva?

El retorno a la presencialidad fue solicitado por la representación estudiantil ante el consejo universitario, como un retorno mayoritario y no al 100%. Se dijo de manera explícita que las escuelas deberían señalar qué cursos seguían en la modalidad virtual debido a los buenos resultados obtenidos. Pero a nadie le interesó la propuesta y se aprobó el retorno al 100%. 

Retornar a la presencialidad al 100% luego de una virtualidad al 100% durante cinco semestres, evidencia que la experiencia fue negativa. La universidad no estaba preparada para la virtualidad y convirtió la virtualidad en una presencialidad virtualizada, el camino más fácil pero más ineficiente: el docente dicta la clase como antes pero ahora frente a la cámara, evalúa como antes, en tiempo real, pero dictandoles una pregunta y dándole tiempo al estudiante para que responda, en manuscrito, y luego le suba la respuesta escaneada: presencialidad virtualizada.

Recientemente, en diciembre pasado, la SUNEDU ha simplificado el procedimiento para pasar de la modalidad presencial a la semipresencial. Ya no se requiere hacer la solicitud de modificación de licencia institucional, basta con la denominada CPO, comunicación previa obligatoria. La resolución 138-2022 de la SUNEDU establece este cambio. Simplifica el paso de una modalidad a la modalidad más "cercana". Esto se aprecia mejor en la publicidad que le ha dado la SUNEDU. 

El trámite de las modificaciones del modelo de enseñanza de presencial a semipresencial, de semipresencial a distancia y de a distancia a semipresencial, se han simplificado mediante la CPO bajo la restricción del cumplimiento de las CBC (condiciones básicas de calidad).

¿Qué le espera a la UNI en el semestre 2023-1? Formalmente el retorno a la vieja presencialidad. ¿Qué se debería hacer? Estimamos que iniciar la modificación del modelo de enseñanza presencial al semipresencial aprovechando la simplificación aprobada el 14 de diciembre pasado. Las universidades privadas ya lo hicieron y con este nuevo estímulo se va a incrementar el número de programas de antegrado con modalidades que emplean intensivamente las TIC. No podemos quedarnos atrás.

Curiosamente, con el pretexto de la situación política abierta el 7 de diciembre pasado, la UNI decidió abandonar la vieja presencialidad y retornar a la virtualidad. Y al final de la semana pasada revocó la medida para volver a la presencialidad desde el 3 de enero pasado. ¿Para qué sirvió la "virtualidad" en la UNI? Para saltar a ella en cualquier momento¡¡¡ 

Esta decisión ha sido la mejor demostración que esa "virtualidad" no fue nada más que la presencialidad virtualizada.