La llamada toma de Lima fue un fracaso. La PNP esperaba la llegada de 2 mil personas de las regiones para las protestas(1) . Hasta Hildebrandt, uno de los más conspicuos simpatizantes de las protestas, lo reconoció compungido: “Hubo más policías que manifestantes y el resultado fue el previsible”(2) . No hubo muertos que lamentar, sólo daños materiales. El régimen se sintió fortalecido al punto que ante una denuncia de la Rectora de la UNMSM contra una ocupación indebida del campus de esa universidad, la PNP incursionó violentamente en el campus universitario y capturó a alrededor de 200 personas que 24 horas después fueron liberadas.
El 19 de enero a eso de las 9 de la noche la presidenta Boluarte declaró en un mensaje a la Nación que todo estaba controlado. Sin embargo, los hechos de los días siguientes no le dan la razón. En efecto, a nivel nacional muchas carreteras todavía se mantienen tomadas (3) ; en Ica se están incendiando y/o amenazando con incendiar fundos agrícolas y los dirigentes de las manifestaciones buscan obligar a los trabajadores a plegarse a las protestas (4) . En Puno se quemaron la comisaría de Ilave, una sede de la fiscalía, varias agencias financieras, en Arequipa atacaron a la comisaría de la Joya, etc. (5)
Las banderas de lucha no son, como podía esperarse, reivindicaciones económicas. No se está pidiendo mejoras salariales o de precios a sus productos, no se están reclamando mejores condiciones de trabajo, no se están exigiendo la construcción de hospitales, carreteras o colegios, etc. Los reclamos son: Renuncia de Boluarte, cierre del Congreso de la República, para lo cual se exige elecciones en este año y la convocatoria a una Asamblea constituyente.
La economía nacional se está resintiendo. Hay sectores como el turístico que genera cerca al 4% del producto nacional que están prácticamente paralizados, los precios de productos alimentarios y del gas están aumentando de manera excesiva debido a las tomas de las carreteras en lugares como Puerto Maldonado y Cusco. La presidenta Boluarte, en su conferencia de prensa ante medios extranjeros del 24 de enero, señaló que las pérdidas del PBI ascendían a 2 mil millones de soles (6) y las destrucciones de infraestructura sumaban unos 3 mil millones de soles.
En la misma ocasión la presidenta Boluarte indica que llegaron unas 9 mil personas en modernos vehículos a Puno para la asonada de la toma del aeropuerto que se saldó con 17 muertos civiles y un policía, cobarde y cruelmente, carbonizado. Hay que tomar en cuenta de que dicha ciudad no llega a 150 mil habitantes. Proporcionalmente es como si a Lima para la pretendida toma de Lima del 19 de enero hubieran llegado 600 mil personas y no solamente 2 mil.
Hay hasta la fecha 46 muertos civiles producto del enfrentamiento y la mayoría de ellos por heridas de bala lo cual pone como principales sospechosos a las fuerzas policiales y militares; 9 muertos civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos de carreteras y un policía (7) . Todo ello arroja un total de 56 fallecidos. Se han quemado comisarías, sedes del Ministerio Público y del Poder Judicial, casas de congresistas en Puno y Puerto Maldonado, etc.
¿Debe renunciar Boluarte?
La presidenta Dina Boluarte fue elegida en la plancha presidencial del ex presidente Castillo, presumiblemente completando la cuota de femenina obligatoria por ley. Era no sólo militante del partido ganador de las elecciones presidenciales, Perú Libre, sino también persona de toda confianza del fundador y líder de ese partido, Vladimir Cerrón, quien no pudo postular a la presidencia por tener una sentencia judicial. Ella se encargó de recolectar los fondos necesarios para pagar la reparación civil impuesta a Cerrón como parte de la pena que le fue dictada. Perú Libre es un partido de raigambre marxista. La campaña presidencial liderada por Castillo tuvo como uno de sus ejes principales la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Boluarte estuvo como miembro del gobierno de izquierda de Castillo en tanto Ministra de Estado desde el 28 de julio del 2021 hasta el 25 de noviembre del 2022 cuando renunció a su cargo de ministra con ocasión de la pretendida interpretación forzada de la denegación de confianza que intentó el gabinete presidido por Aníbal Torres. Es decir fue ministra del presidente Castillo al cual ahora acusa de corrupción, prácticamente durante todo su gobierno. Pero al igual que muchos otros ex ministros de Castillo parece que se percató de la corrupción, que ahora denuncia ante la prensa extranjera, recién al dejar el gabinete. Antes de ello, Boluarte siempre defendió a capa y espada al régimen de las acusaciones que se le hacían. En ese sentido, es evidente que las denuncias que hace ahora son mas una muestra de oportunismo político que una sincera lucha contra la corrupción.
Cuando la vacancia de Castillo parecía cobrar cada vez más fuerza, Boluarte declaró que ella se iría con el presidente. Como no ha cumplido con su palabra los manifestantes la consideran una traidora. Haciendo una comparación con Vizcarra en su actuación como vicepresidente de PPK, está prácticamente demostrado que Vizcarra complotó contra el presidente PPK y en ese sentido se le podría tildar de traidor. Pero en el caso de Boluarte no aparecen con tanta fuerza evidencias de su participación en algún complot contra Castillo, salvo la votación en el congreso a favor suya de un intento de inhabilitarla por su participación como presidenta del Club Departamental Apurímac siendo al mismo tiempo Vice presidenta de la República. Castillo cometió un atentado contra la Constitución, mal podría exigirse a la Vice presidenta, que por una equivocado sentido de lealtad, lo hubiese debido acompañar en dicho acto de lesa constitución.
Su ascenso a la presidencia obedece a lo previsto por la constitución en caso de vacancia presidencial. Mal puede ser acusada de golpista, pues el golpe lo intentó el ex presidente Castillo no ella. Una parte del discurso de los manifestantes consiste en calificarla no solo de traidora sino también de golpista o en todo caso cómplice del supuesto golpismo del Congreso como machaconamente lo repite un sector de la izquierda congresal que, dicho sea de paso, votó a favor de la vacancia de Castillo (8), pero que ahora parece querer ocultar esa votación.
Si renunciara la presidenta, la sucedería el actual presidente del Congreso, el general Williams y asumiría la presidencia del Congreso, su actual vice presidenta, la congresista fujimorista Moyano. Lo cual no siendo del agrado de la izquierda violentista explica que los manifestantes añadan a la exigencia de la renuncia de la presidenta, la elección de una nueva mesa directiva del Congreso.
El respeto de la Constitución política es indispensable para conducirnos como un país viable. El presidente y su vice presidenta, así como los congresistas, fueron elegidos por 5 años en un proceso electoral duramente cuestionado por la derecha pero que al final quedó oleado y sacramentado. El presidente Castillo mostró corrupción, ineptitud e incurrió en un golpe de Estado fallido. Su sucesora ha asumido el poder de manera constitucional. Debiera cumplIrse con la Constitución y terminar su mandato en el plazo de ley. Lo mismo pasa con el Congreso. Eso es lo que manda la constitución política.
¿Debe cerrarse el Congreso?
El congreso tiene un índice de aprobación paupérrimo, lo cual parece ser una constante por lo menos en las últimas dos décadas. Los congresistas ganan sueldos excesivos para la realidad económica nacional, tienen una serie de gollerías y cada uno se transforma en una especie de microempresa que genera puestos de trabajo para sus allegados que son pagados por todos los ciudadanos. Además dan la impresión de que ganan sus jugosos emolumentos sin mayor esfuerzo en medio de escándalos de todo tipo desde violación sexual hasta venta de votos pasando por acoso sexual. En ese contexto no es de extrañar que el congreso peruano sea uno de los más impopulares en Latinoamérica, lo cual no significa que los congresos latinoamericanos no sean muy impopulares también. No llama la atención que los congresistas que han sido elegidos por el voto popular rápidamente pierdan la legitimidad ante el pueblo que los eligió. Es este congreso deslegitimado que tiene en sus manos la llave para abrir la posibilidad de un adelanto de elecciones.
La presidenta ha reiterado que no va a renunciar, igualmente ha ratificado su demanda al congreso para un adelanto de elecciones, lo cual implica una modificación constitucional que necesita de dos legislaturas ordinarias con votación calificada o, en su defecto, de la ratificación de una primera decisión del Congreso mediante un referéndum. El congreso luego de un intento fallido, presionado por la opinión pública logró una mayoría calificada para un adelanto de elecciones a abril del 2024. Falta la ratificación de dicha decisión en una segunda legislatura que se estaría convocando para el 15 de febrero. Sin embargo, el congreso acaba de rechazar una propuesta de adelanto de elecciones para este año. La izquierda que en las calles exige violentamente el adelanto de elecciones para el 2023, cuando está en el congreso vota en contra. Con este rechazo el tema de adelanto de elecciones regresa a fojas cero.
Pero las protestas no piden solamente eso. Exigen el cierre inmediato del congreso, lo cual no podría hacerse sin una infracción a la constitución.
¿Deben adelantarse las elecciones?
El pasillo estrecho de Acemoglu y Robinson (9) por el cual debe transcurrir una nación en su ruta al desarrollo está asediado por un lado por el Leviatán despótico (el poder insaciable queriendo cada vez más poder) y por el otro lado por el desborde popular que puede estar explicado por las costumbre, religión, creencias, ideología, etc., de la sociedad. Son las instituciones y las leyes las que mantienen a raya a uno y a otro y que permiten que la nación transite por el pasillo estrecho que la conducirá a una mejora continua de su bienestar. La única manera para limitar al Leviatán es imponiéndole reglas y la única manera para no caer en el caos del desborde popular es llegar a un contrato social que no pueda romperse.
En el 2021 se eligieron autoridades por 5 años. Esa es la regla. No debiera romperse. Hacerlo significa salirse del pasillo estrecho. No va a ser fácil regresar a ese pasillo. En realidad salimos del pasillo estrecho el 30 de setiembre del 2019 cuando el presidente Vizcarra disolvió arbitrariamente al congreso y nos alejamos del pasillo estrecho aún más cuando el Tribunal Constitucional convalidó la absurda denegación fáctica que sirvió de justificación para el cierre del congreso. Sin embargo, el cierre del congreso fue muy popular tal como en su momento también lo fue el cierre del congreso que ejecutó el presidente Fujimori en 1992.
Ahora nuevamente se cede a la algarada tumultuosa y violenta, y se acepta el adelanto de elecciones. Pero la revuelta quiere más. No quiere que se adelanten las elecciones para abril del 2024 sino que la quieren para este año 2023, lo cual complica mucho las cosas pues habría que hacer varias modificaciones legales como por ejemplo modificar la ley electoral en el sentido de suprimir las inútiles pero legales primarias. O, peor aún, modificar la constitución para iniciar el mandato presidencial no el 28 de julio del año de las elecciones sino en otra fecha y la de modificar la duración del mandato presidencial que tendría que ser de 4 años y medio o de 5 años y medio para regresar el unas próximas elecciones a la transmisión de mando en la fecha constitucional del 28 de julio.
¿Se debe convocar a una Asamblea Constituyente?
El fin de una Asamblea Constituyente es redactar una nueva constitución en reemplazo de una anterior. Es un nuevo pacto social que se considera necesario pues el anterior habría devenido obsoleto o habría sido impuesto de manera forzada. Los asambleístas constituyentes son elegidos con dicho cometido. No es el pueblo el que redacta la nueva constitución sino sus representantes: los constituyentes.. Es decir la Asamblea Constituyente es un instrumento del sitema democrático representativo.
La Asamblea Constituyente es exigida por los manifestantes como una expresión de una democracia más perfecta que la representativa, la democracia participativa. El pueblo, el soberano, ordena que se convoque a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, de manera imperceptible se sale de la democracia participativa para caer en la democracia representativa pues como se ha indicado la Asamblea Constituyente está compuesta no por el pueblo sino por sus representantes. ¿Por qué los asambleístas constituyentes tendrían mayor legitimidad que los congresistas constituidos? ¿qué los haría más confiables?
La constitución prevé su modificación parcial o total. De hecho ha habido modificaciones a lo largo de los años, y en estos momentos deben realizarse algunas modificaciones constitucionales para hacer posible el adelanto de elecciones. Si lo que se quisiera sinceramente es cambiar la constitución no es necesaria una Asamblea Constituyente, a menos que lo que se quiera en realidad es generar un proceso de acumulación de fuerzas para tomar el poder a como de lugar sin importar el verdadero bienestar de las mayorías nacionales.
El cambio de constitución a través de una Asamblea Constituyente es percibida por parte de un sector de la población, la más entusiastamente partidaria de la Asamblea Constituyente, como una suerte de solución mágica a todos los males que aquejan al país o en todo caso, para los mejor informados partidarios de la Asamblea Constituyente, como la condición indispensable para reorientar la economía nacional hacia un desarrollo más equitativo. Pero esto es una visión ideológica en el mejor de los caso y politiquera en el peor. En efecto, ¿cuán razonable es cambiar algo que está produciendo buenos resultados? ¿No es acaso un buen resultado que la economía crezca sostenidamente, no es bueno que la pobreza disminuya fuertemente y que la desigualdad sea cada vez menor?
Si vemos la realidad y no nos dejamos obnubilar por nuestras ideología, constataremos que el PBI por habitante expresado en soles del 2007, según el BCRP, fue de 6,889 soles en 1960, de 6,876 en 1990 y de 16,688 en el 2021. Es decir, el PBI por cabeza se estancó en el periodo 1960-90, teniendo un crecimiento promedio anual ligeramente negativo. Mientras que entre 1990 y el 2021, el producto por habitante se multiplicó por 2.4, lo cual significa un crecimiento promedio anual de 2.9%. Como lo indica el ex ministro de Economía, Waldo Mendoza (10) , citando una investigación sobre el PBI por cabeza, existe una relación muy estrecha entre crecimiento de este indicador y el bienestar. No existe bienestar sin crecimiento del PBI per cápita, y todo crecimiento del PBI per cápita redunda en una mejora del bienestar. Los datos del producto por habitante muestran de manera indiscutible una mejora sustancial en los últimos 30 años.
En lo que se refiere a la pobreza monetaria, el Instituto de investigaciones Cuánto calculaba que en 1985 el 37.9% de los peruanos estaban en pobreza y que ese porcentaje subió al 57.4% en 1991. El especialista en temas de pobreza, Francisco Verdera, en su libro ¨La pobreza en el Perú¨, calculaba para los años 1971 y 1972 una tasa de pobreza de 64% de la población nacional. Para el 2001, el INEI indicó que los pobres en el Perú representaban el 54.8% de la población nacional. En el 2021 la pobreza fue del orden del 25.9 % de la población peruana; pero antes de la pandemia, en el 2019, la población peruana sumida en la pobreza era el 20.2% de la población total según cifras del INEI. Este indicador también muestra una mejora en las últimas décadas.
Entre el 2004 y el 2021, señala Richard Webb (11) , ex presidente del Banco Central de Reserva, que el ingreso promedio de las familias de la Sierra se incrementó en una tasa promedio anual de 3.2% mientras que el de las familias limeñas creció en solamente 0.1% por año. Agrega Richard Webb que en la Sierra el 91% de los hogares poseen un celular y el 93% de esos hogares tienen acceso a la electricidad. Las desigualdades han ido disminuyendo en los últimos años, lo cual constituye un progreso. ¿Por qué cambiar algo que está funcionando de manera aceptable?
No es necesaria una Asamblea Constituyente para cambiar la constitución pues ese cambio puede hacerse mediante los congresistas constituidos que legalmente tienen atribuciones constituyentes. Por otro lado los resultados económicos muestran que no parece necesaria cambiarla. Lo cual no quiere decir que no se puedan introducir mejoras.
Violencia represiva contra violencia revolucionaria
La represión ha sido violenta, los 46 manifestantes fallecidos lo atestiguan. La violencia revolucionaria lo ha sido también, el policía carbonizado vivo lo demuestra.
Hay una vanguardia revolucionaria o revoltosa que está actuando de manera coordinada en la toma de aeropuertos, de carreteras, incendio de comisarías, de sedes de la fiscalía y del poder judicial. Esta vanguardia impulsa a pobladores que de buena fe quieren protestar para impulsar cambios que creen ellos les permitirán acceder a una mejor calidad de vida y que además creen sinceramente que Boluarte ha traicionado a Castillo, que sienten que Castillo era uno de ellos tanto desde el punto de vista racial como desde el punto de vista de su extracción de clase y que su encarcelamiento es injusto, y que piensan que todos sus males serán aliviados por una nueva constitución.
La vanguardia revolucionaria o revoltosa es violenta y su violencia está contaminando y deslegitimando las protestas que tienen su razón de ser en un hartazgo de una parte de la población menos favorecida del país. Los partidos de izquierda democrática se han puesto al servicio de esa vanguardia revolucionaria. Diversos líderes de opinión como algunos periodistas y artistas le dan su beneplácito. Todos ellos apoyan totalmente las banderas de lucha de esa vanguardia violentista. No le borran ni una coma a esos pedidos. En el plano internacional, presidentes como López Obrador de México (12) , Gustavo Petro de Colombia, Gabriel Boric de Chile, Xiomara Castro de Honduras y Luis Arce (13) de Bolivia han apoyado más o menos abiertamente las violentas protestas y han criticado acremente al gobierno del Perú por el saldo elevado de víctimas de los enfrentamientos. Es evidente la existencia de una campaña internacional de apoyo a estas manifestaciones violentas por parte de gobiernos latinoamericanos de izquierda. Es cierto que Joe Biden de los Estados Unidos y miembros del parlamento de la Unión Europea también se han manifestado pero lo han hecho solamente como una expresión de preocupación por el número elevado de fallecidos más no han tomado posición a favor de los violentistas como si es el caso de los presidentes latinoamericanos ya mencionados.
La primera guerra mundial marcó una ruptura en los partidos marxistas en Europa. La segunda internacional se parte entre partidos socialistas que apoyan la guerra y aquellos que consideran que la guerra era un conflicto de burguesías nacionales y que el proletariado no tenía porque apoyar. Era la ruptura entre revolucionarios y reformistas. Entre Lenin, Trotsky, Stalin, Luxemburgo, Liebnecht del lado de la revolución y Bernstein y Kautsky del lado de la reforma. El marxismo se escinde en comunismo y socialdemocracia. Nacía la socialdemocracia. En 1959 en el pueblo de Bad Godesberg, el partido socialdemócrata alemán suprime simbólicamente el marxismo de su basamento ideológico y asume a la economía social de mercado como su norte. En Europa es clara la diferencia desde hace un siglo dentro de la izquierda entre los reformistas y los revolucionarios.
En el Perú ese no es el caso. La izquierda no revolucionaria se siente sobrepasada por la izquierda violentista o revolucionaria. Nunca fue claro su deslinde con la violencia terrorista de Sendero Luminoso y del MRTA en los 80 y en los 90 (14). Se ha sentido acomplejada frente a estos movimientos que mostrando consecuencia entre las palabras y los actos, llevaron a los hechos el discurso de la necesidad de hacer la revolución. En los acontecimientos actuales esta izquierda no revolucionaria vuelve a asumir esa actitud y resulta funcional a esa violencia revoltosa.
En suma, nos alejamos del pasillo estrecho si aceptamos como sociedad que un sector político decidido imponga por medio de la violencia su voluntad a todo el país, independientemente de si tiene la razón o no. Es decir que no siempre es cierto que vox populi es vox Dei.
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1 Gestión del 19 de enero del 2023.
2. Hildebrandt, César. Matices. Hildebrandt en sus trece. 20 de enero del 2023
3. Al 23 de enero se mantienen 74 carreteras tomadas según La República del 24 de enero
4. Fundos como Agrovictoria, Frayle y Natalia. Andina 23 de enero
5. Gestión 24 de enero
6. El MEF precisa 2,150 millones de soles
7. Gestión del 24 de enero
8. Votaron por la vcancia 6 congresistas de Perú Libre, 3 del Bloque magisterial,, 1 de Perú democrático, 3 de cambio democrático,2 de Perú bicentenario, 6 de Identidad y desarrollo
9. Acemoglu y Robinson. El pasillo estrecho. Ariel, 2019
10. Mendoza Waldo, Carta abierta a los ¨constituyente lovers¨. Artículo publicado en Gestión el 3 de enero del 2223
11. Webb, Richard. Camino a la nivelación. Artículo publicado en el Comercio del 3 de julio del 2022
12. Méjico ha concedido asilo político a la esposa e hijos del ex presidente Castillo
13. El hombre fuerte del régimen boliviano, Evo Morales, es sospechoso de azuzar estas manifestaciones y el gobierno peruano ha prohibido su entrada al país
14. La portada de La República advirtiendo de la existencia del túnel en la embajada japonesa tomada por el MRTA
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